APC-TLC y agro: ¿Otra oportunidad desperdiciada?

Frente al reciente paquete legislativo

Por: Ing. Eco. Juan José Vera del Carpio

Con frecuencia se dice que el Perú es elpaís de las oportunidades perdidas. No es así. Sería un abuso atribuir tamaño fatalismo atoda la sociedad peruana.

Históricamente, ello se debe a nuestra laxa dirigenciapolítica, que —centralizada y apoltronada en Lima—no ha sabido aprovechar, en beneficio de la patria, las grandes oportunidades que le han brindado la confianza del pueblo, los recursos naturales propicios y el escenario internacional.

Ahora, en pleno proceso de adecuacióndel país para afrontar el proceso de globalización y particularmente elAcuerdo de Promoción Comercial (APC) o Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, vemos que nuevamente sederrochan nuestras mejores posibilidades; sobre todo en lo que concierne a producción de alimentos y generación de empleo productivo con base enel agro y en nuestra grandiversidad de recursos naturales.

Participamos en la campaña “TLC Así No” convencidos de los efectos lesivos que traería consigo este acuerdo mal“negociado” por elgobierno de Alejandro Toledo, sin concertar las propuestas nacionales y sin tener una imagen-objetivo de lo que se buscaba.

Concretamente, su réplica ante las fundadas objeciones de CONVEAGRO y los gremios de productores, fue que —efectivamente— el agro perdería en parte, pero que habrían compensaciones para los segmentos afectados. Pues bien, el momento de las compensaciones ha llegado.

ERROR TRAS ERROR
Quienes detentan el poder persisten en actuar al margen de la mayoría de productores, sin mostrar un plan o algo parecido que diga cuál es el nuevo agro que buscan; mientras —por otro lado— la disparadainternacional de los precios alimentarios hace crujir a la economía y el estómago del grueso de peruanos. Es decir, estamos ante una nueva oportunidaddesperdiciada; en vez de ir hacia la institucionalización del progreso.

En consecuencia, los productores —como los invitados a la mesa del rico Epulón en el pasaje del Evangelio— se acercarán al final del banquete a recoger sólo migajas, si es que éstas quedan. En eso estamos.

Entre gallos y medianoche, se han dado varios decretoslegislativos que buscan —en teoría— modernizar masivamente al agro; aunque el gobierno aún no quiere darse el trabajo de explicar los alcances básicos de cada uno de ellos. 

VISIÓN INCOMPLETA E INCONEXA
De la lectura de esas normas se deduce la errónea suposición oficial de que, con sólo generalizar las condiciones del mercado imperfecto para los productores, se puede lograr el desarrollo de todos éstos; en un país con tantas diferencias geográficas, económicas, tecnológicas y sociales. Al parecer, todavía no se entiende que, en un país con estas características, se requiere tanto mercado como seaposible, pero también tanto Estado como sea necesario; incluso para corregir las ostensibles distorsiones del primero.

No obstante, la intención nos parece positiva, aunque tememos que no sea realista, con base en las siguientes consideraciones puntuales:

El sector agrario en general —incluido el grueso del personal del Ministerio de Agricultura y las direcciones regionales agrarias— no conoce lo que entraña el flamante paquete legislativo sobre el APC-TLC, por falta de información y explicación.

En el mejor de los casos, la aplicación efectiva de los decretos legislativos se dará sólo a partir de la campaña agrícola 2009-2010, por el período previo de reglamentación de aquéllos y de adaptación del sector al nuevo ordenamiento jurídico (leyes y reglamentos)

Casi todas estas normas son de aplicación y de efecto retardados, o sea, de mediano plazo en adelante, y

Varias de ellas son incompletas e inconexas, por la inexistencia de un marco concertado que explicite las prioridades sectoriales.

CUESTIONES PENDIENTES
Al respecto, por ejemplo, cabe preguntar:

¿Cuál es la estrategia para restablecer la seguridad alimentaria del país, ante la previsible profundización de la crisis internacional?

¿Cuáles son las líneas de producción prioritarias en cultivos, crianzas y agroindustrias?

¿Se admite que el “mercado libre” en alimentos —internacionalmente— no existe? Y si es así, ¿qué mecanismos de defensa se ha previsto para nuestra oferta y nuestra demanda?

¿Es o no prioritario el desarrollo de la biodiversidad, como eje de desarrollo sectorial? Y si lo es, ¿cuál es el tratamiento para los transgénicos?

Estamos de acuerdo con el propósito de fomentar la asociatividad, pero, ¿librar el financiamiento a las posibilidades de los gobiernos regionales y a la voluntad de una comisión con clara influencia político-administrativa, permitirá el desarrollo de un crédito sano?

¿Hay o no contradicción cuando, por un lado, se dice que el fideicomiso del financiamiento agrario es regional, pero —por otro— se establece que los fondos para la consolidación de propiedad (compra de parcelas colindantes) será manejado por el Ministerio de Agricultura y el Agrobanco?

¿Cómo enfrentar el tema de los sobrecostos agrarios por el encarecimiento de los insumos importados y por la ausencia de una adecuada infraestructura de comercialización y transporte, especialmente en los Andes y la Amazonía?

¿Quedaránconformes los algodoneros, maiceros y trigueros por la privación de las compensaciones económicas que se les otorgó por Ley Nº 28811, el 22 de julio del 2006; no obstante que ahora no reciben por sus cosechas el equivalente de los precios internacionales?.

¿Se ha coordinado con los productores las nuevas modalidades de compensación?

¿Se ha previsto la reacción de las comunidades campesinas y nativas cuando éstas se den cuenta de que la nueva legislación no encara los viejos problemas de tenencia de la tierra, organización y competitividad en el seno de las mismas, limitándose a promover la mercantilización de las tierras?

DIALOGAR Y CONCERTAR
Realmente, las cuestiones son muchas. Aunque el tema de fondo sigue siendo la falta de diálogo y concertación para hacer lo que se debe, con visión incluyente y accionar participatorio.

Ojalá que el gobierno reaccione pronto, para revisar lo que haya que revisar y reglamentar adecuadamente lo viable, pensando en las grandes causas del país y el sector que la nutre.

Si no, estaremos —una vez más— ante otra oportunidad perdida.