Dos años perdidos

Por César Lévano

El gobierno de Alan García cumple dos años, y nadie podrá decir que ha llegado al Cabo de la Buena Esperanza.

La más reciente encuesta de Ipsos Apoyo, publicada el 20 último, le asigna 70 por ciento de rechazo y únicamente 26 por ciento de aprobación en escala nacional.

Hasta Lima, que era algo así como la caja chica para la popularidad del mandatario, le asesta ahora un rudo golpe: sólo 30 por ciento lo aprueba; mientras que en junio le daba nueve puntos más. Si ese ritmo de caída persistiera, apenas lograría 21 por ciento en agosto próximo y 12 en setiembre… Para qué seguir.

El descontento cunde no sólo en provincias y en los sectores populares. Aun en los sectores A y B sube el porcentaje de desengañados.

El presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo, que acompaña a García en su declive, ha declarado que los estadistas no viven pendientes de la opinión pública. No sabemos a qué estadistas se refiere. Cabe recordar, sí, lo que uno de éstos dijo: “La opinión pública es todo…Con ella nada puede fallar. Sin ella nada puede suceder.” El que así habló es Abraham Lincoln, el gran gobernante de Estados Unidos.

El oriente y el sur siguen siendo el talón de Aquiles del régimen: sólo el 10 por ciento lo aprueba en la Amazonía y apenas 11 por ciento en el sur.

El drástico encarecimiento de las subsistencias, el bajo nivel de empleo y el incumplimiento de las promesas electorales, destacan entre los motivos de este balance provisional.

Si se profundiza en sólo estas tres causales, se llega a la conclusión de que el oficialismo no podrá superar las dificultades de hoy, debido a que éstas obedecen a su voluntad empecinada por aplicar un programa neoliberal que ya no tiene en el mundo defensores tan dogmáticos ni tan sordos a la realidad social.

Las raíces del fracaso alanista están en el campo. Todas las encuestas señalan que el mayor descontento de los ciudadanos es por elcosto de vida. Pues bien: nada ha contribuido más al encarecimiento que el olvido del agro y las medidas neoliberales aplicadas al consumo alimentario. Ya sabemos que las cuatro rebajas y exoneraciones arancelarias a las importaciones del ramo favorecieron únicamente a las transnacionales y oligopolios, no al público consumidor; igual que la clamorosa inacción del régimen ante las maniobras especulativas de los importadores y los grandes intermediarios locales del comercio alimentario.

El caso más patético corresponde al trigo. Se eliminaron las tarifas aduaneras para la importación del grano, con el pretexto de que estamedida iba a abaratar a la harina, el pan y los fideos. Pero la disposición sólo permitió que los molineros importadores se embolsaran millones de dólares adicionales, sustraídos al fisco; porque los precios de esos bienes jamás bajaron ni bajarán para el pueblo consumidor.

Todas las propuestas de CONVEAGRO y los gremios de productores para concertar la producción, el abastecimiento y la seguridad alimentaria han caído en saco roto. Mejor dicho, ni siquiera fueron escuchadas, para generar un entendimiento que hubiera podido amenguar el actual vía crucis de los precios.

En cambio, el régimen —igual que sus antecesores— no ha hecho nada por contrarrestrar a la competencia desleal de las importaciones subsidiadas, en particular de Estados Unidos. En el colmo de la inconsecuencia y el desdén por el agro, Alan García faltó a una de sus promesas electorales: “estudiar línea por línea, capítulo por capítulo” el llamado Acuerdo de Promoción Comercial (APC) o Tratado de Libre Comercio (TLC).

De no ser por el inesperado encarecimiento de los alimentos en el mercado internacional, el APC-TLC significaría la quiebra inevitable de nuestros productores de algodón, arroz, azúcar, maíz, trigo, cebada, insumos oleaginosos, productos lácteos y carnes, principalmente. Pues jamás habrían podido ni podrían resistir a la injusta competencia de las importaciones subvencionadas por el imperio. Sólo la mencionada crisis los está salvando, por el momento.

Diversas organizaciones agrarias, economistas de izquierda e independientes y gremios laborales alertaron a su debido tiempo sobre esto. Aún más, hasta de la derecha peruana e internacional han surgido serios llamados de atención al respecto.Pero los amos del poder no quieren escuchar.

Hace siete años, la estadounidense Fundación Carnegie para la Paz Internacional y el Diálogo Interamericano publicó un estudio en que se proponía reformas al llamado “Consenso de Washington”. En un juego de palabras en inglés, el texto fue titulado “Washington Contentious”(“Contencioso de Washington”),en contraposición a “Washington Consensus”. Los autores fueron Nancy Birdsall, directora asociada de la fundación, y Augusto De La Torre, asesor financiero regional del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

He aquí un párrafo fundamental de la propuesta para reducir el proteccionismo —léase subsidios distorsionantes— de las grandes potencias: “Sin un acceso mayor a los mercados de los países ricos, la reforma doméstica y la liberalización unilateral del comercio latinoamericanos se enfrentan a ingresos decrecientes. Como resultado de sus altos aranceles y subsidios agrícolas, los países desarrollados gastan más de360,000 millones de dólares al año en el apoyo a sus agricultores, que son menos del cinco por ciento de su fuerza laboral. El apoyo a cada agricultor significa alrededor de 19,000 dólares por año en la Unión Europea y Estados Unidos. El apoyo es mayor para los productos que no son granos (tales como azúcar, frutas y verduras), y para la carne y la leche; productos todos necesitados de alta intensidad de trabajo, en los cuales los países latinoamericanos podrían especializarse fácilmente”.

Los autores señalan que la supresión de tales subsidios podría abaratar el consumo alimentario de los ciudadanos de países del Tercer Mundo, ya que —en general— el agro de éstos puede producir alimentos más baratos e —incluso— más sanos.

Por otro lado, en laencuesta de Ipsos Apoyosólo un 38 por ciento —clara minoría— aprueba los tratados de libre comercio en general, sin referirseexclusivamente al suscrito con Estados Unidos. Sin duda, tal respaldo sería aún más pequeño si nuestro pueblo conociera los torpedos antinacionales que contiene el reciente huaico de decretos legislativos unilaterales relacionados con el APC-TLC. Muy pronto quedará demostrada esa realidad.

Finalmente, cabe señalar que el gobierno de Alan García, por apostar en estos dos años casi exclusivamente al APC-TLC con Estados Unidos, ha ignorado y maltratado minuciosamente al agro, con dos resultados inocultables: cada vez menos ingresos para los hombres del campo que atienden al consumo interno, debido al alza de los costos de producción y a la intermediación especuladora que campea en el mercado, y alimentos cada vez más caros para todos los peruanos.

Quisiéramos soñar que los tres últimos años del régimen fueran distintos. Pero, al ritmo con que avanzamos, el sueño sería más bien una pesadilla.