El Perú está cada vez más amenazado por la inseguridad alimentaria y —en consecuencia— por la ingobernabilidad; puesto que el pueblo quizás puede tolerar todo, menos el encarecimiento inalcanzable de las subsistencias, la inaccesibilidad y el hambre.

La reactivación integral del agro podía y puede conjurar estas graves amenazas. Pero los dos primeros años de gestión del gobierno actual frente al sector y el reciente Mensaje a la Nación del Presidente Alan García, permiten deducir que el régimen no tiene el menor propósito de hacer lo que indica la razón; acaso como evidencia de una voluntad orientada a que los pequeños productores y las comunidades campesinas y nativas colapsen por la inercia del abandono, para verse obligados aentregar sus tierras a los pocos y grandes ganadores de los acuerdos y tratados internacionales de libre comercio, empezando por el APC-TLC con Estados Unidos.

¿Al agro y el grueso del Perú sólo les queda resignarseante esta sombría situación? ¡No! Pues entre las brumas del desafecto oficial-central contra el campo, titilan dos luces que pueden llevarnos al otro extremo del túnel, bajo la única condición de que las organizaciones de productores agrarios, campesinos y nativos sean capaces de activarlas y repotenciarlas, en esfuerzo sinérgico con los pueblos que sienten la necesidad de cambiar el actual orden de cosas.

Para el efecto, lo primero que todos deben tener muy claro es quela crisis internacional vigente no tiene visos de solución en mediano plazo; razón por la cual el levantar integralmente al agro es un factor decisivo para restablecer la precarizada seguridad alimentaria y la débil paz social del país, como sustrato de la gobernabilidad.

Una de esas luceses el Congreso de la República, cuyos120 miembros deben recordar que ellos fueron elegidos para dar las leyes que el Perú necesita y fiscalizar permanentemente el ejercicio del poder, no para fungir como meros furgones de cola y convidados de piedra del gobierno.

En consecuencia, todos los parlamentarios responsables —incluyendo a los integrantes honestos de la bancada aprista— tienen el deber ineludible de cumplir fielmente ese doble papel, incluso para revertir el alicaído prestigio del Congreso y evitar que su agravamiento sirva de coartada, como en el fujimontesinismo siniestro, para poner fin al precario Estado de Derecho.

Pero como romper la actual mezcla de inercia, anomia e impotencia que impera en el Poder Legislativono será fácil en las actuales condiciones, sus miembros deben bajar al llano a dialogar y concertar con las organizaciones agrarias y los pueblos, para dar soporte social a las nuevas iniciativas.

Dentro de este marco, las primera señales de cambio que debe dar el Congreso ante el sector nutricio de la patria son: 1) La revisión exhaustiva de la ríada de decretos legislativos en torno al APC-TLC con Estados Unidos, para corregir lo que haya que corregir y derogar lo que haya que derogar. 2) La fiscalización integral del Ministerio de Agricultura y sus organismos públicos descentralizados, enfatizando en el cotejo de sus planes, metas y objetivos con la realidad, así como en las contrataciones de personal y servicios; todo ello con el sencillo parámetro la relación de costo-beneficio. Y 3) La promulgación directa de la vetada Ley del Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria (PREDA)

Y la segunda luz es el potencial de los gobiernos regionales, que hoy tienen bajo su égida a las direcciones agrarias, pero que no las están manejando como debieran para levantar estructuralmente al sector en sus respectivas jurisdicciones.

Al respecto, el abrupto abandono de las intenciones de siembrade los productores por el Ministerio de Agricultura, como factor referencial de planificación de la campaña 2008-2009, ofrece una gran oportunidad para hacer en las regiones lo que se debe, mediante un proceso creativo de concertación con los gremios agrarios y entidades afines. En tal sentido, por ejemplo, si el ministerio no ha podido o querido facilitar la importación directa de fertilizantes y menos aún la realización de ferias y festivales del productor al consumidor en favor de estos dos frentes, esa concertación puede hacerla posible, por la conjunción sinérgica de potencialidades. Aún más, los gobiernos regionales deben aprovechar algunos alcances favorables del paquete legislativo sobre el APC-TLC, como el relacionado con asociatividad y crédito, para asumir el manejo pleno del sector agrario en sus respectivos ámbitos, dejando para el ministerio sólo los asuntos de estricto interés nacional y —aun esto— siempre en coordinación con la Asamblea de Presidentes Regionales.

En resumen, frente a la crisis presente están el artículo 88 de la Constitución y las políticas de Estado XV y XXXIII del Acuerdo Nacional, para que el Congreso de la República y los gobiernos regionales hagan por el agro y con el agro lo que no quiere el gobierno central.

Este es un reto, pero también una gran oportunidad, incluso para demostrar que el diálogo y la concertación siempre podrán mucho más que cualquier imposición.